El diputado Jorge Ayala, integrante de la Comisión de Economía, explicó que originalmente se trabajó con la idea de hacer un dictamen conjunto entre ambas comisiones, por lo que los equipos técnicos elaboraron una iniciativa de ley que integra dos propuestas (6527 y 6541) sobre el Sistema Portuario Nacional.

Sin embargo, expuso que, al preparar el dictamen, surgió una diferencia de criterio entre los integrantes de cada comisión en relación con el modelo de gobernanza del sistema portuario.

Derivado de ello, la Comisión de Comunicaciones emitió su dictamen la última semana de enero con una propuesta de gobernanza, y la de Economía lo presentó el lunes último con algunas modificaciones al documento trabajado en conjunto.

En el dictamen de la sala de Economía se abordaron requerimientos específicos planteados por el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y la Comisión Portuaria Nacional (CPN), en cuanto a la definición y delimitación de responsabilidades de la autoridad marítima en temas de seguridad y protección bajo la nueva autoridad portuaria.

En cambio, la propuesta de la Comisión de Economía incluye a tres representantes del Ejecutivo (Economía, Comunicaciones y Gobernación); sustituye al Ministerio de Agricultura por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y otorga la quinta silla al Consejo de Usuarios de Puertos, figura creada por la ley, en la cual participan distintas cámaras empresariales.

Según Ayala, al integrar al Consejo de Usuarios se promueve “un proceso más abierto y democrático”, ya que, por ejemplo, en el Cacif no está incluida la Cámara de Comercio, que aglutina a numerosos empresarios medianos y pequeños, también usuarios relevantes de los puertos.

Por aparte, se integraron las observaciones del Mindef en tres áreas principales. Primero, su posibilidad de participar en la gobernanza. La Comisión de Economía propone su inclusión como invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución, que establece que los puertos deben estar bajo autoridades civiles.