Una red de empresas liderada por Juan Pablo Lozano Rojas ha operado por más de una década emitiendo fianzas sin respaldo, con indicios de estafa y una estructura empresarial familiar difícil de rastrear y controlar.
Lo que comenzó como un negocio de emisión de fianzas se ha convertido en una telaraña empresarial que despierta serias dudas sobre su legalidad y transparencia. En el centro del esquema está Juan Pablo Lozano Rojas, cabeza visible de un entramado que incluye a AFIANCOL Colombia S.A.S., ANESCO de Colombia S.A.S. y la extinta Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A.
La historia se remonta a 2007, con la creación de la Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas, que más adelante mutó en nombre, liderazgo y estructura hasta transformarse en AFIANCOL. Aunque las empresas cambiaron de denominación y aparentemente de gestión, las conexiones familiares, operativas y digitales se mantuvieron intactas, mostrando una estrategia de continuidad empresarial encubierta.
La familia Lozano Rojas está presente en todas las fases del negocio. ANESCO, por ejemplo, es controlada por los hijos de Mauricio Lozano Rojas, sobrinos del principal implicado. Esta empresa es hoy la accionista mayoritaria de AFIANCOL, lo que mantiene los vínculos directos dentro del círculo familiar.
Uno de los casos más delicados involucra el uso de fianzas presuntamente falsas como garantía para la compra de contenedores, lo que dio pie a denuncias por estafa contra Juan Pablo Lozano Rojas. Un análisis de debida diligencia revela que la compañía ha estado involucrada en al menos 87 litigios civiles entre 2009 y 2023, además de múltiples procesos penales, algunos directamente relacionados con la emisión de fianzas sin respaldo económico.
Pese a estas denuncias, las entidades continúan operando. Su presencia digital, a través de afiancolcolombia.com, mantiene vínculos con empresas ya inactivas, y su política de tratamiento de datos personales todavía remite a la compañía madre extinta. A esto se suma una preocupante falta de activos o propiedades a nombre del presidente, lo que plantea serias dudas sobre la solvencia real de las garantías que ofrecen.
Durante más de una década, el grupo ha realizado múltiples cambios de domicilio, reformas estatutarias y movimientos en la composición accionaria, en lo que parece una estrategia deliberada para dificultar el rastreo patrimonial y legal. Lo que para muchos ha sido una operación financiera de confianza, para otros ha representado pérdidas económicas y ausencia de respuestas judiciales o institucionales.
Este caso pone en evidencia fallas estructurales del sistema regulatorio colombiano que han permitido que esta red empresarial continúe funcionando, incluso frente a reiteradas denuncias. El caso de los Lozano Rojas no solo refleja un posible fraude financiero, sino también una muestra de cómo en América Latina las estructuras familiares y empresariales opacas pueden socavar la confianza en el sistema económico.
