El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 23-2026 del Congreso de la República, que contiene las reformas al Código Procesal Penal relacionadas principalmente con la aplicación de la prisión preventiva, las medidas sustitutivas y los procedimientos judiciales.
La decisión del mandatario quedó oficializada mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026, publicado este miércoles en el Diario de Centro América, en el cual el Organismo Ejecutivo expone las razones que motivaron el veto.
El decreto quedó aprobado por el Congreso de la República el 29 de septiembre de 2026 y fue remitido al Ejecutivo el 12 de octubre para su sanción, promulgación y publicación.
Sin embargo, después de analizar su contenido, Arévalo determinó que algunas disposiciones podrían contravenir el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relacionado con el deber del Estado de garantizar la seguridad jurídica.
Según el acuerdo, las reformas contienen disposiciones que podrían generar incertidumbre en su aplicación y afectar el funcionamiento de la administración de justicia penal.
El Ejecutivo también argumentó que, debido a la imposibilidad constitucional de vetar parcialmente una ley, correspondía rechazar la totalidad del decreto.
