Autoridades indígenas de Guatemala exigieron el cese del estado de sitio impuesto por el Gobierno en un municipio de El Estor, en el departamento de Izaba; además del cierre de las minas de níquel y el fin a la represión desatada contra la población civil en resistencia.

Los líderes marcharon en el centro de la ciudad para mostrar su rechazo a la protección del Estado a los proyectos mineros y extractivistas en detrimento de los pueblos originarios y sus ambientes. La marcha se detuvo frente a las dependencias estatales del Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno), el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y el Palacio Legislativo.

Además, subrayaron que el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno guatemalteco “ha iniciado un proceso de consulta totalmente viciado” respecto a la operación de la mina Fénix, ubicada en el municipio de El Estor.

El gobierno justifica el estado de sitio por actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad que dejaron un resultado de cuatro agentes heridos de bala. Pero según Cristóbal Pop, a su vez presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales, “es una cosa inventada, buscarán mil maneras de criminalizar a cualquier ciudadano, a cualquier indígena. Estamos exigiendo la legitimidad de una consulta con transparencia, y eso, a la empresa y al Estado de Guatemala, no les conviene”.

Actualmente, la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza y rusa Solway Investment Group, ha generado oposición en las últimas semanas por parte de comunidades indígenas q’eqchi” locales, que se oponen a su funcionamiento sin una consulta popular, entre otras razones.