Desde el pasado 19 de agosto se agrava la situación de Derechos Humanos en Nicaragua con la interrupción violenta y sin justificación de la Curia Episcopal de Matagalpa, Nicaragua con la privación de libertad del Obispo Rolando José Álvarez a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.
Las organizaciones explican que este no es un hecho aislado y se da en mismo sentido de varios ataques, acoso y criminalización por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Ortega debido a que han desempeñado un rol en la defensa de los Derechos Humanos.
También, el 18 de agosto fueron detenidos tres sacerdotes y procesados por delitos comunes en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote. Cabe mencionar que entre 2019 y 2022 tres sacerdotes fueron obligados al exilio .
Por todos estos casos de violaciones de los derechos humanos reafirma la intolerancia del régimen y su incapacidad de administrar opiniones diferentes a la oficial, generando procesos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos a múltiples sectores de la ciudadanía
Por lo que el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica expresan: “repudio a la represión sistemática generada por el gobierno nicaragüense en contra de personas pertenecientes a la Iglesia Católica, por lo que condenamos enérgicamente el asalto ocurrido en la madrugada del viernes en la Curia Episcopal de Matagalpa” expresaron en un comunicado.
También expresaron que rechazan los abusos por parte de la Policía Nacional Civil de Nicaragua y la comunicación en la que justifican el abuso de autoridad en perjuicio del Obispo Álvarez y la iglesia acusándolos, sin ningún fundamento, de realizar actividades desestabilizadoras y provocadoras en contra del gobierno.
En el comunicado exigen “la liberación inmediata” del camarógrafo Sergio Cárdenas, de los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Sequeira, así como del Padre José Luis Díaz, Padre Ramiro Tijerino, Padre Sadiel Eugarrios, y del Padre Raúl González quienes están recluidos en la prisión El Chipote desde el viernes 6 .
También hacen un llamado a la comunidad internacional a “condenar y a estar atenta a los constantes atropellos a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense y miembros de la iglesia” y piden un cese de este tipo de acciones.