Desarticulan banda criminal que habría lavado más de Q150 millones

Desarticulan banda criminal que habría lavado más de Q150 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) efectúa 9 órdenes de aprehensión en los departamentos de Guatemala, Izabal, San Marcos y Suchitepéquez, en seguimiento a investigaciones realizadas por autoridades del ente policial y el Ministerio Público (MP). A través de las pesquisas se detectaron movimientos bancarios anómalos ejecutados por una estructura criminal denominada los Transportistas, dedicada a los delitos de lavado de dinero y otros activos, cuyo monto es de Q153 millones 517 mil 618.25.

Los investigadores de la PNC obtuvieron pruebas a través de información en la Superintendencia de Bancos. Se determinó que la estructura criminal constituyó 26 cuentas bancarias, tanto en quetzales como en dólares, en 6 bancos del sistema, a nombre de 8 personas. Según el informe, las transacciones se realizaron entre el 2 de enero de 2015 y el 1 de diciembre de 2018. Para justificar los movimientos bancarios, los miembros de la agrupación criminal crearon una entidad comercial de nombre Transpersa S.A., aunque no se encontraron las instalaciones físicas que respalden su funcionamiento.

Las personas capturadas al momento son María Magdalena Vásquez Esquite, Gustavo Everardo Del Cid Donis, Dublas Alexander Ramos Marroquín, Vilma Lorena Mancilla García, Orlando Raúl Ajbal Velásquez, Elizabeth Yoc López de Barrera, Astrid Mariana Velásquez Valdez y Fredy Juárez López. Las diligencias continúan en desarrollo para dar con más responsables de esta banda y obtener nuevas evidencias.

Dos versiones en arrestó de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico

Dos versiones en arrestó de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico

Ayer en horas de la noche autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y El Ministerio Público realizaron allanamientos simultáneos a la vivienda de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala y luego en la sede del medio de comunicación. Luego de los allanamientos se le informó a Zamora que tenían una orden de aprehensión por lo cual fue traslado a la torre de tribunales y se encuentra en las carceletas.

El Fiscal del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, explicó que el arresto de José Ruben Zamora es por cuatro presuntos delitos: Lavado de Dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. Según el fiscal del caso se pretende hacer una considerable transferencia de dinero la cual las autoridades confiscaron antes de efectuarse.

También el Fiscal, aseguró que el caso no tiene nada que ver con la actividad periodística de Ruben Zamora si no de carácter empresarial. por Anomalías en una transferencia financiera que manejan como prueba principal.

Por otro parte, el medio de comunicación El Periódico, desde el momento del allanamiento a la vivienda de su fundador y a la sede del periódico han manifestado en medios sociales que el arresto se debe a que se han publicado diversos reportajes en contra del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y su partido político. Incluso han publicado nuevamente los reportajes que no han gustado al gobierno de Guatemala.

Periodistas nacionales e internacionales han respaldado a José Ruben Zamora Marroquín, incluso de otros periódicos de Guatemala han salido a las calles con el lema “Nos nos Callaran” aduciendo que se trata de un acto de censura del actual gobierno.

Líderes de opinión como Rigoberta Menchu pidió resguardar los derechos Humanos del Zamora Marroquín. También lo visitó personal de Derechos Humanos de Guatemala.

Al cierre de esta nota se conoce que el presidente del periódico se ha puesto en huelga de hambre pidiendo esclarecer los hechos y asegurando que cualquier para cualquier acusación está listo para desvirtuarla.

Se declara culpable Acisclo Valladares Urruela en corte de EE.UU. por lavado de dinero

Se declara culpable Acisclo Valladares Urruela en corte de EE.UU. por lavado de dinero

El ex directivo de la empresa de telefonía Tigo, Acisclo Valladares Urruela firmó un acuerdo de culpabilidad el pasado 7 de julio en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. Con este hecho acepta haber malversado 9.5 millones de dólares con los cuales pagó sobornos a diputados y otros usos. Los delitos que la justicia de Estados Unidos le inculpa son lavado de dinero y conspiración.    

El exdirectivo de la telefónica aceptó colaborar con la justicia de Estados Unidos compartiendo testimonios antes que el juez del caso emitiera una sentencia contra el ex presidente del gobierno guatemalteco Jimmy Morales por hechos ocurridos entre 2014 y 2018.   

La Fiscalía del Sur de la Florida presentó cargos en contra de Valladares Urruela por lavado de Dinero y Conspiración en enero de 2020 por lo cual el exdirector de Tigo se entregó a la justicia de Estados Unidos, además de ser presunto prófugo de la justicia de Guatemala se le implican otros casos de corrupción.   


Valladares Uruela firmó en Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad publicado en el Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte del sur de la Florida que contiene los siguiente: 

«El acusado (Valladares Urruela) acepta declararse culpable del cargo I, que cuenta los cargos desde enero de 2014 o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado conspiró a sabiendas y deliberadamente para participar en una transacción monetaria en el comercio exterior a través de una institución financiera, en propiedad derivada delictiva de un valor superior a US$10,000 que se derivó de una actividad ilegal específica, es decir, un delito contra una nación extranjera que involucra soborno o para el beneficio de un funcionario público».

Con este acuerdo judicial, Valladares Urruela tendrá que cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos con información que está autoridad le solicite sobre algunos hechos de los cuales se ha declarado culpable, asimismo estuvo de acuerdo en dar testimonios y acceso a documentos que ayuden a la investigación.

El documento publicado por el tribunal de Estados Unidos en el cual se emitirá una sentencia explica que el presunto culpable podría tener una sentencia máxima de 10 años y podría gozar de una libertad supervisada por cinco años si cumple con la obligación de declarar cuando la justicia así lo requiera.