A menos de un mes de que se inicie la fase sancionatoria, transportistas independientes indican que todavía no han completado el proceso de implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), una medida que busca reducir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Transportes (DGT), actualmente existen 21 mil 585 unidades registradas, entre transporte colectivo extraurbano, turismo, agrícola e industrial, que deben cumplir con la normativa.
Sin embargo, solo 11 mil 667 vehículos cuentan con código correlativo, paso previo indispensable para la certificación final.
Empresarios respalda el limitador, pero piden enfoque integral
José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte y Carga, asegura que el sector empresarial respalda la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, al considerarlo una herramienta positiva para fortalecer la seguridad vial en Guatemala.
Además, indica que muchas empresas asociadas ya contaban con mecanismos de regulación de velocidad en sus unidades, no únicamente por exigencia legal, sino como parte de sus políticas internas, especialmente porque operan con vehículos asegurados.
No obstante, reconoce que existen retos importantes. Explica que las unidades antiguas presentan mayores dificultades técnicas, ya que no todas cuentan con sistemas electrónicos que permitan instalar el dispositivo con facilidad. En estos casos, se requieren adecuaciones adicionales que elevan los costos.
Añade que el proceso no solo implica la instalación del equipo en talleres certificados, sino también la obtención de una certificación y una declaración jurada, lo que representa un gasto adicional. Esta situación, afirma, afecta principalmente a transportistas individuales y a quienes operan en el interior del país.
Ramírez enfatiza que el control de la velocidad es solo uno de los componentes de la seguridad vial. Considera necesario reforzar la señalización en carreteras, mejorar la infraestructura y supervisar el estado mecánico de las unidades, incluyendo llantas, frenos y motores.
También hace hincapié en el factor humano del piloto, y señala que el descanso, la alimentación, el estrés y las condiciones laborales influyen directamente en la conducción. “La seguridad debe abordarse de manera integral, no únicamente desde un dispositivo”, puntualiza.
Gremial de pilotos cuestiona costo de aparato y las multas
Aunque tanto la Cámara Guatemalteca de Transporte y Carga como la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado reconocen la importancia de fortalecer la seguridad vial en Guatemala, ambas organizaciones advierten que el principal obstáculo es el costo de implementación del limitador de velocidad.
Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, asegura que el sector no se opone al dispositivo como medida de prevención, sino al impacto económico que representa para los pequeños transportistas.
Según detalla, en la gremial existen aproximadamente 7 mil unicamiones, cuyos propietarios son pilotos independientes. Indica que, de acuerdo con un sondeo interno, varios estarían en condiciones de asumir un costo cercano a Q500, pero no los montos que actualmente se manejan en algunos talleres certificados.
Mendoza también propone que las sanciones por exceso de velocidad se apliquen directamente a la licencia del conductor, mediante un esquema progresivo: Q1 mil por la primera infracción, Q3 mil en la segunda y Q5 mil más suspensión de seis meses en caso de reincidencia.
Por último, advierte que, ante el riesgo de multas que pueden alcanzar los Q40 mil por unidad, algunos pilotos podrían abstenerse de salir a trabajar si no logran instalar el dispositivo antes del 2 de marzo, fecha en que iniciarán los operativos de control.
Gobierno defiende aplicación de la ley
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, recuerda que la legislación relacionada con el limitador de velocidad está vigente desde 2016 y fue reformada en 2017. “Ha sido tiempo suficiente para atender el tema del dispositivo. Seguiremos adelante con su aplicación”, afirma.
Además, subraya que los accidentes por exceso de velocidad son prevenibles y que la implementación del sistema es una herramienta clave para salvar vidas.
Cómo funciona el sistema
El vocero del Sistema Limitador de Velocidad, Manuel de Jesús Adriano, explico en un evento reciente que el dispositivo restringe electrónica y mecánicamente la velocidad máxima de las unidades obligadas.
El límite establecido es de 80 kilómetros por hora. Cuando el vehículo alcanza los 75 km/h, se activa una alarma intermitente; al llegar a los 80 km/h, la señal sonora se vuelve permanente y el sistema impide que el automotor aumente la velocidad, aunque se presione el acelerador.
Quiénes deben cumplir
La normativa aplica para vehículos con 3.5 toneladas en adelante. Las unidades de 3.4 toneladas quedan exentas.
De acuerdo con la Dirección General de Transporte (DGT), entre las unidades que ya avanzaron en el proceso se contabilizan:
- 453 buses
- 11 mil 214 vehículos de transporte de carga
- 116 empresas certificadas
El proceso incluye tres etapas institucionales:
- Provial emite el código correlativo como implementador.
- Tránsito de la PNC valida el dispositivo y otorga el refrendo.
- DGT ejecutará la fase sancionatoria a partir del 2 de marzo de 2026, conforme al Acuerdo 69-2026.
Multas de hasta Q40 mil por incumplimiento
La normativa establece que las sanciones por no contar con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) oscilan entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción y lo que determinen las autoridades durante los operativos.
En términos económicos, esto representa un rango aproximado de entre Q20 mil y Q40 mil por unidad, según el salario mínimo 2026 aplicable al momento de imponer la sanción.
Las multas comenzarán a aplicarse a partir del 2 de marzo de 2026, cuando la Dirección General de Transportes (DGT) y el Departamento de Tránsito de la PNC inicien los operativos de verificación.
Además del pago de la multa, la unidad podría ser inmovilizada hasta cumplir con la instalación y certificación del dispositivo, conforme a lo que establece la ley.
Cuenta regresiva
Con la fecha límite cada vez más cercana, el cumplimiento del limitador de velocidad en el transporte pesado y buses extraurbanos se convierte en un punto crítico para el sector.
Mientras el Gobierno reafirma que no habrá prórroga y que las sanciones se aplicarán desde el 2 de marzo, transportistas individuales insisten en que la medida debe acompañarse de mejoras estructurales en infraestructura y condiciones laborales. El debate continúa, pero la obligación ya está firme.
