La reciente inversión de $60 millones para la instalación de una nueva planta cervecera en El Salvador ha generado una oleada de incertidumbre en el ámbito económico y empresarial. La preocupación principal radica en la falta de claridad sobre el verdadero inversionista detrás del proyecto y el control que se ejercerá sobre las marcas involucradas, así como la posible influencia extranjera en estas marcas.
Expertos en economía han señalado que el ambicioso proyecto plantea serios riesgos y podría contravenir la legislación salvadoreña, que prohíbe prácticas que puedan conducir a la formación de monopolios. Esta legislación está diseñada para preservar una competencia justa y evitar que una sola entidad acapare el mercado, garantizando así una libertad económica saludable y equitativa para todos los actores del sector.
Actualmente, CBC, socio de Ambev Centroamérica, se encarga de la importación, mercadeo y distribución de la marca en el país. La preocupación en el sector cervecero se centra en la concentración económica existente y el impacto que podría tener la nueva inversión en este contexto. La situación adquiere mayor relevancia en un momento en que el gobierno está enfocado en fomentar la competencia y asegurar que los productos disponibles en el mercado sean accesibles para todos los salvadoreños.
El proceso de inversión aún no ha aclarado la procedencia del capital y quién mantendrá el control de las marcas, lo que ha dejado a los expertos y al público en general en un estado de expectativa y cautela. La comunidad empresarial y los consumidores esperan más detalles sobre cómo se desarrollará este proyecto y cómo se abordarán las posibles implicaciones económicas y legales.
