Un hombre identificado como Gustavo Aroldo Agustín, de 59 años, se embarrancó con su vehículo en el Periférico Norte, jurisdicción del cementerio del cantón Buena Vista zona 3, Huehuetenango.

Vecinos que observaron el accidente, descendieron 200 metros para auxiliar a los tripulantes de este vehículo, donde al ver que Agustín, quien se hacía acompañar de dos menores estaban heridos, dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas utilizaron equipo especial para llevar a la superficie a los 3 heridos, a quienes trasladaron a la emergencia del Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicado en zona 10 de esta ciudad.

Al arribar al hospital Agustín dejó de presentar signos vitales, esto debido a las fracturas y golpes que presentaba en diferentes partes del cuerpo, mientras que los dos menores continúan internados recuperándose.

La familia comentó a las autoridades, que Agustín salió a probar su vehículo, ya que días anteriores le estuvo fallando la batería y al cambiarla se emocionó, por lo que no dudó en dar un paseo, invitando a dos niños (vecinos) a que lo acompañaran, pero que desconocen el motivo por el que perdió el control y se precipito al barranco.

 

Durante un operativo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Antigua Guatemala, se logró la captura de Jhon “N”, 22 años y Abel “N”, de 37 años y nacionalidad hondureña.

Los hombres son señalados de haber quebrado los vidrios de tres vehículos para sustraer pertenencias; estos vehículos estaban estacionados sobre la vía de la calle Belén, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Las autoridades los sorprendieron a bordo de una moto, la cual poseía alteraciones en su motor, lo que indicaría que, según información preliminar, fue también robada durante este hecho.

Días previos se había arrestado a Abel “N” por haber protagonizado un escándalo público estando ebrio.

Estas fueron las pertenencias sustraídas de los vehículos afectados. (Foto: PNC)

Los capturados, de acuerdo con la PNC, fueron puestos a disposición de la ley.

El Gobierno de Guatemala firmó un convenio con la Embajada de Taiwán en Guatemala para la construcción del Hospital Especializado contra el Cáncer, proyecto que se desarrollará en tres fases.

Durante un acto oficial en el cual participó el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social Joaquín Barnoya y la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivian Chang.

La diplomática explicó que el convenio consta en la cooperación de Taiwán “en tres partes principales”, siendo estos el “proyecto de diseño y construcción, el proyecto de equipamiento y el proyecto de capacitación”.

“Todos responde a un objetivo común. Brindar atención integral especializado y de alta calidad a los pacientes con enfermedades oncológicas”, declaró la embajadora.

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Chang explicó que la primea parte que corresponde al diseño y construcción “marcará el inicio formal de proyecto y centrará las bases para su desarrollo integrar mediante la planificación y edificación de una infraestructura hospitalaria moderna, funcional, y sostenible”

Mientras que la segunda parte del proceso contemplará “el equipamiento integral del hospital, con especial énfasis en el área de radioterapia, a fin de garantizar a la población guatemalteca tenga acceso a servicios especializados y de calidad, asegurando una atención digna, integral, y oportuna”.

La diplomática precisó que la tercera parte de esta cooperación estará “orientada a la formación de personal especializado en ecología”.

“A mediados de enero vino una delegación formada por el Hospital de Taiwán y el Fondo de Cooperación Internacional para conocer de la primera mano a la situación y la necesidad del país en materia de detención temprana y control de cáncer de mama”, explicó Chang.

Agrego que se trabajará, en coordinación con el Ministerio de Salud, el diseño de un programa de capacitación para técnicos, enfermeros, y médicos en el área de cáncer de mama, incluyendo tratamiento de radioterapia oncológica.

“Este intercambio permitirá sustentar una base sólida para una cooperación técnica, efectiva, y sostenible. Nos llena de entusiasmo iniciar con este importante hito en el ámbito de salud pública con la plena convicción de que este proyecto representará esperanza, vida, y mejores oportunidades de atención para miles de guatemaltecos y sus familias”, aseguró la embajadora.

El ministro de Salud aseguró que “con la firma de este convenio por fin Guatemala tendrá acceso a radioterapia en el sistema público”.

“Esto además de reducir esas largas listas de espera que actualmente padecen nuestros pacientes de cáncer, garantizará radioterapia de alto nivel, de calidad y humana para todo el país”, explicó Barnoya.

El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, dio a conocer a través de sus redes sociales los renders del nuevo Mercado Municipal que se proyecta construir en el municipio.

En la publicación, el edil compartió imágenes digitales que muestran la propuesta arquitectónica del nuevo espacio comercial, destacando que se tratará de una infraestructura moderna, ordenada y segura, pensada para comerciantes, familias y visitantes.

“Hoy compartimos algo más que imágenes: compartimos una visión”, expresó el alcalde al presentar los diseños, señalando que el proyecto busca convertirse en un punto clave para la dinamización económica local.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Según lo expuesto, el nuevo mercado está concebido como un espacio que impulse oportunidades de empleo y fortalezca la actividad comercial en Santa Ana Centro. Acevedo aseguró que el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno Central y de la bancada legislativa oficialista.

El alcalde enfatizó que esta obra representa una etapa de renovación para el municipio y forma parte de los planes de transformación urbana que impulsa la administración municipal.

Hasta el momento, no se han detallado públicamente fechas específicas de inicio de construcción ni montos de inversión.

Lo que a primera vista puede presentarse como un éxito electoral de la coalición Valor-Unionista en 2023 encierra un fenómeno más preocupante para la democracia guatemalteca: la consolidación de un bloque territorial que concentra alcaldías estratégicas, presupuesto millonario y conexiones directas con el Congreso en un mismo circuito político. Bajo la estructura partidaria vinculada a Zury Ríos, la alianza no solo ganó 14 alcaldías, sino que aseguró posiciones clave en el sur metropolitano, una franja donde el control municipal significa dominio sobre contratos de obra pública, plazas laborales y programas sociales financiados con dinero de los contribuyentes.

En ese mapa sobresale la familia encabezada por Mynor Rolando Morales Chávez, quien gobierna San Miguel Petapa mientras su hijo Mynor Alexander Morales Zurita dirige Villa Nueva. La intención de impulsar a otro hijo como futuro candidato en Petapa refuerza la percepción de que no se trata de simple coincidencia política, sino de una estrategia de ocupación familiar del poder local. Cuando un mismo núcleo familiar administra municipios vecinos y proyecta extender su influencia, la línea entre representación democrática y apropiación patrimonial del cargo se vuelve peligrosamente delgada.

A este bloque se suman Maynor Guillermo Orellana Mazariegos en Amatitlán, Ramiro Rivera Hernández en Villa Canales y Carlos Daniel Rustrián Alvizures en Fraijanes, junto a Ricardo Quiñónez y Sebastián Siero en la capital y su periferia. La concentración geográfica no es casual: el sur metropolitano es un corredor urbano de alta densidad poblacional y fuerte inversión pública. Controlarlo implica controlar narrativa, empleo y ejecución presupuestaria.

En el Congreso, la bancada integrada por figuras como Elmer Palencia, Sandra Jovel, Faber Salazar y Jorge Ayala actúa como soporte político de este entramado territorial. La contratación de familiares de alcaldes como asesores legislativos evidencia una red de lealtades que mezcla poder municipal y poder legislativo bajo un mismo paraguas partidario. Aunque estas decisiones puedan presentarse como legales, el conflicto ético es evidente cuando recursos públicos se destinan a fortalecer estructuras políticas cercanas a quienes administran presupuestos municipales.

El patrón que emerge es el de un círculo cerrado donde alcaldías y Congreso se retroalimentan. Desde las municipalidades se construye base electoral mediante obras visibles y contratación local; desde el Legislativo se negocian apoyos, asignaciones y posiciones estratégicas. El resultado es un sistema que puede blindarse políticamente frente a cuestionamientos y que dificulta la alternancia real. La experiencia histórica de Guatemala demuestra que cuando el poder territorial se concentra sin contrapesos efectivos, la corrupción encuentra terreno fértil.

La gravedad no radica únicamente en la posibilidad de irregularidades específicas sino en la estructura misma que favorece opacidad. Dinastías políticas, vínculos familiares en cargos públicos, redes de asesorías cruzadas y acompañamiento constante en actividades partidarias configuran un esquema que prioriza permanencia sobre rendición de cuentas. Cada contrato municipal, cada plaza creada, cada asesoría legislativa financiada con fondos públicos debe ser examinada con lupa porque el riesgo de utilización política es evidente.

Guatemala enfrenta el peligro de normalizar la herencia del poder como si fuera parte natural del sistema democrático. La concentración de alcaldías estratégicas y la articulación con una bancada activa puede transformarse en una maquinaria de autoprotección que dificulte investigaciones y debilite la fiscalización. La ciudadanía no puede aceptar que los cargos públicos se conviertan en extensiones familiares ni que los recursos del Estado funcionen como combustible electoral permanente.

Si no existen auditorías profundas, transparencia total en contrataciones y vigilancia ciudadana constante, el sur metropolitano podría consolidarse como un enclave político donde la continuidad partidaria pese más que el interés público. La democracia no se erosiona de golpe sino por acumulación de prácticas que priorizan poder sobre servicio. Y cuando el control territorial se combina con redes familiares y respaldo legislativo, la amenaza a la institucionalidad deja de ser hipotética para convertirse en un riesgo real.

Un operativo desarrollado en Izabal permitió la captura del séptimo extraditable en lo que va del año, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) realizaron la detención en el kilómetro 255 de la ruta que conduce de Morales hacia Río Dulce, en Livingston, Izabal.

El capturado fue identificado como Wender Rolando Eguizabal Gálvez, de 38 años, alias “el Flaco”, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Según la PNC, Eguizabal Gálvez cuenta una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar al menos cinco kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El MP explicó que, según la investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley, identificaron a una organización de tráfico de drogas con base en Guatemala que habría operado aproximadamente entre 2008 y 2024.

Asimismo, el ente investigador destacó que dicha estructura sería responsable de transportar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y de movilizar las ganancias provenientes de esas actividades ilícitas desde Estados Unidos y México hacia Guatemala.

La investigación identificó a Eguizabal Gálvez como uno de los presuntos líderes y organizadores en el país, señalándolo de dirigir, administrar y supervisar las actividades de narcotráfico de la organización.

SIETE EXTRADITABLES EN 2026

Con esta detención, suman siete las personas capturadas con fines de extradición en lo que va del año.

Según datos de la PNC, cuatro de los casos están vinculados al narcotráfico y tres a otros por diferentes delitos.

 

 

 

A menos de un mes de que se inicie la fase sancionatoria, transportistas independientes indican que todavía no han completado el proceso de implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV), una medida que busca reducir los accidentes de tránsito por exceso de velocidad.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Transportes (DGT), actualmente existen 21 mil 585 unidades registradas, entre transporte colectivo extraurbano, turismo, agrícola e industrial, que deben cumplir con la normativa.

Sin embargo, solo 11 mil 667 vehículos cuentan con código correlativo, paso previo indispensable para la certificación final.

Empresarios respalda el limitador, pero piden enfoque integral

José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte y Carga, asegura que el sector empresarial respalda la implementación del Sistema Limitador de Velocidad, al considerarlo una herramienta positiva para fortalecer la seguridad vial en Guatemala.

Además, indica que muchas empresas asociadas ya contaban con mecanismos de regulación de velocidad en sus unidades, no únicamente por exigencia legal, sino como parte de sus políticas internas, especialmente porque operan con vehículos asegurados.

No obstante, reconoce que existen retos importantes. Explica que las unidades antiguas presentan mayores dificultades técnicas, ya que no todas cuentan con sistemas electrónicos que permitan instalar el dispositivo con facilidad. En estos casos, se requieren adecuaciones adicionales que elevan los costos.

Añade que el proceso no solo implica la instalación del equipo en talleres certificados, sino también la obtención de una certificación y una declaración jurada, lo que representa un gasto adicional. Esta situación, afirma, afecta principalmente a transportistas individuales y a quienes operan en el interior del país.

Ramírez enfatiza que el control de la velocidad es solo uno de los componentes de la seguridad vial. Considera necesario reforzar la señalización en carreteras, mejorar la infraestructura y supervisar el estado mecánico de las unidades, incluyendo llantas, frenos y motores.

También hace hincapié en el factor humano del piloto, y señala que el descanso, la alimentación, el estrés y las condiciones laborales influyen directamente en la conducción. “La seguridad debe abordarse de manera integral, no únicamente desde un dispositivo”, puntualiza.

Gremial de pilotos cuestiona costo de aparato y las multas

Aunque tanto la Cámara Guatemalteca de Transporte y Carga como la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado reconocen la importancia de fortalecer la seguridad vial en Guatemala, ambas organizaciones advierten que el principal obstáculo es el costo de implementación del limitador de velocidad.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, asegura que el sector no se opone al dispositivo como medida de prevención, sino al impacto económico que representa para los pequeños transportistas.

Según detalla, en la gremial existen aproximadamente 7 mil unicamiones, cuyos propietarios son pilotos independientes. Indica que, de acuerdo con un sondeo interno, varios estarían en condiciones de asumir un costo cercano a Q500, pero no los montos que actualmente se manejan en algunos talleres certificados.

Mendoza también propone que las sanciones por exceso de velocidad se apliquen directamente a la licencia del conductor, mediante un esquema progresivo: Q1 mil por la primera infracción, Q3 mil en la segunda y Q5 mil más suspensión de seis meses en caso de reincidencia.

Por último, advierte que, ante el riesgo de multas que pueden alcanzar los Q40 mil por unidad, algunos pilotos podrían abstenerse de salir a trabajar si no logran instalar el dispositivo antes del 2 de marzo, fecha en que iniciarán los operativos de control.

Gobierno defiende aplicación de la ley

El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, recuerda que la legislación relacionada con el limitador de velocidad está vigente desde 2016 y fue reformada en 2017. “Ha sido tiempo suficiente para atender el tema del dispositivo. Seguiremos adelante con su aplicación”, afirma.

Además, subraya que los accidentes por exceso de velocidad son prevenibles y que la implementación del sistema es una herramienta clave para salvar vidas.

Cómo funciona el sistema

El vocero del Sistema Limitador de Velocidad, Manuel de Jesús Adriano, explico en un evento reciente que el dispositivo restringe electrónica y mecánicamente la velocidad máxima de las unidades obligadas.

El límite establecido es de 80 kilómetros por hora. Cuando el vehículo alcanza los 75 km/h, se activa una alarma intermitente; al llegar a los 80 km/h, la señal sonora se vuelve permanente y el sistema impide que el automotor aumente la velocidad, aunque se presione el acelerador.

Quiénes deben cumplir

La normativa aplica para vehículos con 3.5 toneladas en adelante. Las unidades de 3.4 toneladas quedan exentas.

De acuerdo con la Dirección General de Transporte (DGT), entre las unidades que ya avanzaron en el proceso se contabilizan:

  • 453 buses
  • 11 mil 214 vehículos de transporte de carga
  • 116 empresas certificadas

El proceso incluye tres etapas institucionales:

  1. Provial emite el código correlativo como implementador.
  1. Tránsito de la PNC valida el dispositivo y otorga el refrendo.
  1. DGT ejecutará la fase sancionatoria a partir del 2 de marzo de 2026, conforme al Acuerdo 69-2026.

Multas de hasta Q40 mil por incumplimiento

La normativa establece que las sanciones por no contar con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) oscilan entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción y lo que determinen las autoridades durante los operativos.

En términos económicos, esto representa un rango aproximado de entre Q20 mil y Q40 mil por unidad, según el salario mínimo 2026 aplicable al momento de imponer la sanción.

Las multas comenzarán a aplicarse a partir del 2 de marzo de 2026, cuando la Dirección General de Transportes (DGT) y el Departamento de Tránsito de la PNC inicien los operativos de verificación.

Además del pago de la multa, la unidad podría ser inmovilizada hasta cumplir con la instalación y certificación del dispositivo, conforme a lo que establece la ley.

Cuenta regresiva

Con la fecha límite cada vez más cercana, el cumplimiento del limitador de velocidad en el transporte pesado y buses extraurbanos se convierte en un punto crítico para el sector.

Mientras el Gobierno reafirma que no habrá prórroga y que las sanciones se aplicarán desde el 2 de marzo, transportistas individuales insisten en que la medida debe acompañarse de mejoras estructurales en infraestructura y condiciones laborales. El debate continúa, pero la obligación ya está firme.

Consuelo Porras termina el 16 de mayo su segundo periodo al frente del MP y busca seguir con un puesto público, tras presentar su expediente como candidata a la Corte de Constitucionalidad (CC), y quiere ser electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC.

La Fiscal General acudió a votar en El Club La Aurora, en la zona 13 capitalina, en la segunda vuelta de elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) de cara la renovación de la CC.

Porras llegó acompañada de un robusto equipo de seguridad, y sin respetar el orden establecido en la mesa donde emitió su voto; ingresó sin hacer la fila correspondiente.

A su salida le restó importancia a los comentarios de sectores sociales, que consideran que su intento por llegar a la CC tan solo es para buscar mantener el blindaje de la inmunidad.

“Se recibe cualquier comentario de las personas que consideren. Cada uno puede opinar lo que estime pertinente, pero en mi caso muy particular…tengo que manifestarle que como mujer de derecho, obviamente soy respetuosa de las leyes del país y en ese sentido también debo respetar los comentarios de cualquier persona”, dijo Porras.

Defiende su gestión

La Fiscal General ha recibido sanciones internacionales, entre ellas la Lista Engel, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; así como amonestaciones de la Unión Europea.

A nivel nacional las organizaciones sociales cuestionan sus dos periodos por la dirección que le ha dado a la política de persecución criminal, considerando que ha estado del lado de grupos asociados a la corrupción.

Pero ella, por el contrario, califica que su gestión ha sido prácticamente ejemplar al frente de la institución, “grandioso, en favor del pueblo de Guatemala”, dijo.

Considera como puntos fuertes de su administración una mayor cobertura del MP a nivel nacional, pero no respondió preguntas relacionadas a un posible sesgo en la persecución penal.

“Hoy por hoy, el que no quiera reconocer el legado que el MP tiene como una autoridad y un ejercicio legítimo de la defensa de las víctimas, es porque realmente no quieren reconocerlo”, señaló.

La Fiscal General enfatizó que la ciudadanía debería de estar agradecida por su trabajo. “Tenemos el 100% de cobertura nacional. Ustedes como guatemaltecos tienen que ser los primeros en estar agradecidos con esta cobertura donde estamos”.

La Fiscal General termina en mayo su segundo periodo frente al MP tras ser nombrada por los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Luego de que la última fase de venta se cerró el pasado lunes 9 de enero, los precios de las entradas para la Copa Mundial del 2026 se dispararon en el sitio oficial de reventa dispuesto por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a pesar de que los boletos ya estaban catalogados como “muy costosos” por los aficionados.

En el sitio web de reventa e intercambio de la FIFA, un asiento de categoría 3, correspondiente a la sección más alta de las gradas, para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio en Ciudad de México, se ofrece actualmente a más de US$5 mil (Q38 mil 355), en comparación con el precio original de US$895 (Q6 mil 865).

Por su parte, para el partido entre Francia y Senegal, el martes 16 de junio, en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, el sitio web de reventa e intercambio de la FIFA ofrece las entradas a un precio cinco veces superior al original, ya que algunas se ofrecen a US$1 mil (Q7 mil 670), en comparación con los US$219 (Q1 mil 680) originales.

Asimismo, para estar cerca del campo y ver desde una posición privilegiada el encuentro entre las selecciones de Brasil y Marruecos, el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, los aficionados de la Canarinha tendrán que desembolsar poco más de US$1 mil 725 (Q13 mil 230), más de siete veces su valor original: US$247 (Q1 mil 890).

Precios excesivos

Para la final de la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo el domingo 19 de julio, un boleto de categoría 1, con precio inicial de US$7 mil 875 (Q60 mil 410), ahora se ofrece por casi US$20 mil (Q153 mil 430), mientras que las entradas de categoría 4, que originalmente costaban US$651 (Q5 mil), ahora se ofrecen a más de US$1 mil 380.

Sin embargo, actualmente hay ofertas que en la reventa han perdido su valor original. Tal es el caso del encuentro entre Austria Jordania, que se llevará a cabo el 16 de junio en la ciudad de Santa Clara, California, donde las entradas originalmente costaban US$620 (Q4 mil 755) y ahora se revenden por menos de US$552 (Q4 mil 230).

“Estos precios exorbitantes, lamentablemente, no me sorprenden para nada. Reflejan lo que sabemos y contra lo que luchamos. Mucha gente compra para revender”, comentó Guillaume Aupretre, el vocero principal de Les Français Irrésistibles, la barra principal de la selección francesa, que cuenta con más de dos mil 500 miembros activos.

“Al final, ¿quién paga los platos rotos? Los aficionados apasionados que se encuentran con ofertas excesivas. Preferiríamos que esto beneficiara a los hinchas que vienen a apoyar a su equipo, pero lamentablemente no es así”, añadió Guillaume, quien es consciente de que, pese a estos precios, muchas entradas están encontrando comprador.