La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras.

Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial.

El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos.

Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló.

Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó.

Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.

Xelajú MC regresa este miércoles 4 de febrero al escenario internacional con una prueba de máxima exigencia. En el estadio Cementos Progreso, los superchivos recibirán al Monterrey de México en el juego de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, una serie que pone a prueba carácter, concentración y eficacia.

El cruce no es nuevo para el conjunto quetzalteco. Hace 13 años, en 2013, ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final del mismo torneo, una eliminatoria que terminó inclinándose a favor de los Rayados con un global de 4-2. De aquel antecedente queda poco en las plantillas actuales; de hecho, solo Jesús “Tecatito” Corona permanece como vínculo directo con aquella serie, en la que incluso logró marcarle a Xelajú.

El contexto, sin embargo, es distinto y el desafío es mayúsculo. Monterrey llega como uno de los planteles más poderosos de la Liga MX, con una inversión millonaria, profundidad en todas sus líneas y cartel de serio candidato al título continental. Xelajú, en cambio, apela a la solidez colectiva, al orden táctico y a la fortaleza emocional para competir en una serie de eliminación directa donde los errores se pagan caro.

Así lo entiende el defensor Javier González, quien reconoce que el margen de error será mínimo.

“Será un partido vital. Sabemos que en este tipo de juegos no hay espacio para desconcentraciones. El primer partido marca mucho la serie, por eso será importante estar bien parados los 90 minutos y tratar de salir con el marco en cero”, señaló.

Habían transcurrido 52 años sin terremotos en Guatemala, hasta que, la madrugada del 4 de febrero de 1976, uno de magnitud 7.5 azotó el país.

Con epicentro en la zona del río Motagua, entre los departamentos de Guatemala, El Progreso e Izabal, el sismo no solo sacudió al país, sino que lo colocó en una situación de vulnerabilidad, al cobrarse la vida de alrededor de 23 mil guatemaltecos.

Según registró Prensa Libre en su edición del 5 de febrero de ese año, el movimiento telúrico ocurrió a las 3.03.33 horas, dato que se difundió de boca en boca, pues a esa hora se detuvo el reloj principal de la Catedral Metropolitana.

Sin embargo, los datos oficiales lo sitúan a las 3.01.43 horas. Lo cierto es que bastaron solo 35 segundos para dejar a más de un millón de damnificados en todo el territorio nacional.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha dejado fuera de la contienda de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a los agremiados de ciencias afines, por lo cual únicamente los abogados colegiados podrán emitir su voto.

El CANG modificó la convocatoria horas antes de la elección, luego de que la Sala Sexta de lo Administrativo Contencioso resolviera a favor de un amparo presentado por los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume.

En medio del enredo legal, que también se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad, la Junta Directiva del CANG ha dado marcha atrás en la convocatoria que pretende escoger a los primeros abogados que integrarán la nueva magistratura de la CC (2026-2031).

El Colegio de Abogados únicamente ha emitido cambios en una de las dos elecciones que los agremiados tienen previsto para este miércoles 4 de febrero, ya que tienen la tarea de escoger al Tribunal Electoral para un periodo de tres años.

Hasta la noche del pasado martes 3 de febrero, la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, se mantuvo en pie de continuar con la elección del magistrado titular y suplente de la CC.

En defensa de la primera de cinco elecciones que tendrá el CANG durante las próximas semanas, salieron a relucir los abogados Erick Miguel Castillo López, quien accionó ante la Sala Sexta y la CC con el objetivo de que se respete el derecho a elegir de estos profesionales; pero también Ovidio Orellana, quien solicitó que la Sala explique por qué ordena modificar la convocatoria, cuando —según su planteamiento— el acto que dispone la realización del proceso electoral es una decisión previa de la Junta Directiva del CANG, y no la convocatoria en sí. Ambos contendientes como magistrado titular.