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En un giro impactante, Rosie Cordero-Strutz ha presentado una denuncia formal contra la excomisionada de la ciudad de Miami, Sabina Covo, acusándola de soborno. Estas acusaciones han llevado a una orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis, que actualmente coloca a Covo bajo investigación. https://twitter.com/votefor_rosie/status/1757121922700087686?s=48&t=J3Q6uEIYI2EUG8SVxbQ7rg La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se ha descalificado voluntariamente del caso, argumentando un posible conflicto de intereses, ya que un testigo clave en la investigación es un colaborador cercano de la oficina del Fiscal del Estado. Covo, quien lideró la ciudad con lo que ella describe como "la más alta ética e integridad", se mostró sorprendida por la noticia. En un comunicado a NBC6, expresó: "Esto es bastante sorprendente ya que ninguna agencia ni la oficina del Gobernador se han puesto en contacto conmigo. Lideré con la máxima buena fe, ética y con los intereses exclusivos de los residentes de la Ciudad de Miami y el Distrito 2". La excomisionada también destacó que desconoce los detalles de la investigación, pero afirmó que cualquier revisión de su mandato, incluidas sus campañas, confirmará su conducta ética. "Francamente no sé lo que implica la investigación, pero lo que sí sé es que me conduje y mi oficina con la máxima buena fe, ética y con los intereses exclusivos de los residentes de la Ciudad de Miami y el Distrito 2, donde vivo con mi marido y mis tres hijos". Estas acusaciones resaltan la urgencia de abordar la corrupción pública, una problemática que afecta la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Casos recientes, como el de Sabina Covo y el consultor Christian Ulvert, subrayan la necesidad de medidas firmes para restaurar la fe en las instituciones gubernamentales. La sociedad espera transparencia y rendición de cuentas en este proceso judicial en curso.
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En un giro impactante, Rosie Cordero-Strutz ha presentado una denuncia formal contra la excomisionada de la ciudad de Miami, Sabina Covo, acusándola de soborno. Estas acusaciones han llevado a una orden ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis, que actualmente coloca a Covo bajo investigación. https://twitter.com/votefor_rosie/status/1757121922700087686?s=48&t=J3Q6uEIYI2EUG8SVxbQ7rg La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, se ha descalificado voluntariamente del caso, argumentando un posible conflicto de intereses, ya que un testigo clave en la investigación es un colaborador cercano de la oficina del Fiscal del Estado. Covo, quien lideró la ciudad con lo que ella describe como "la más alta ética e integridad", se mostró sorprendida por la noticia. En un comunicado a NBC6, expresó: "Esto es bastante sorprendente ya que ninguna agencia ni la oficina del Gobernador se han puesto en contacto conmigo. Lideré con la máxima buena fe, ética y con los intereses exclusivos de los residentes de la Ciudad de Miami y el Distrito 2". La excomisionada también destacó que desconoce los detalles de la investigación, pero afirmó que cualquier revisión de su mandato, incluidas sus campañas, confirmará su conducta ética. "Francamente no sé lo que implica la investigación, pero lo que sí sé es que me conduje y mi oficina con la máxima buena fe, ética y con los intereses exclusivos de los residentes de la Ciudad de Miami y el Distrito 2, donde vivo con mi marido y mis tres hijos". Estas acusaciones resaltan la urgencia de abordar la corrupción pública, una problemática que afecta la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Casos recientes, como el de Sabina Covo y el consultor Christian Ulvert, subrayan la necesidad de medidas firmes para restaurar la fe en las instituciones gubernamentales. La sociedad espera transparencia y rendición de cuentas en este proceso judicial en curso.