De tal cuenta, el Legislativo confirmó la designación del presidente de la República en Consejo de Ministros de Gladys Anabella Morfin Mansilla, como titular, y María Magdalena Jocholá como suplente.
Por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC) fue designada Julia Marisol Rivera, como titular, José Luis Aguirre Pumay, como suplente, mientras que por el Congreso de la República, fue electo Roberto Molina Barreto, y Luis Adolfo Rosales Marroquín, respectivamente.
Además, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue designada Dina Josefina Ochoa Escribá, como titular, y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, como suplente.
Para finalizar, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), eligió a Astrid Lemus, como titular, y Luis Fernando Bermejo, como suplente.
Con la aprobación de la integración de la nueva CC, el Congreso de la República, también aprobó el Decreto 10-2026 con el que convoca a los magistrados titulares y suplentes electos a prestar el juramento de fidelidad a la Constitución.
La acción de amparo presentada por los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume Vidaurre, busca frenar la juramentación de Lemus. En el acto reclamado los interponente de esta acción exponen que perdió idoneidad y honorabilidad por aparente subordinación tras su ponencia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero.
Carmen Aída Ibarra, directora Ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, aseguró que es lamentable que estos casos, en los que se incluye los demás procesos de postulación de funcionarios de segundo grado, pretendan judicializarse para mantener algún tipo de interés.
Dijo que, al momento, la juramentación y toma de posesión de los cargos no se ha frenado, puesto que no existe ninguna resolución vigente que diga otra cosa y que emitir el decreto de integración es un paso importante para los designados, ya que mientras no den los amparos provisionales solicitados no existe impedimento para su nombramiento.
Por último, reiteró que lamenta que este tipo de casos se siga judicializando y recordó que el proceso de integración del nuevo TSE también fue impugnado contra la formación de la Comisión, la tabla de gradación y los mejores punteados que quedaron fuera.
Previo a la aprobación del decreto referido, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento Institucional Democrática en Guatemala, manifestó su preocupación ante la utilización de acciones judiciales para intentar frenar la juramentación de Lemus como consecuencia de su participación ante el Consejo Permanente el pasado 18 de febrero.
Ante esta situación, la Misión considera necesario subrayar que la participación de personas guatemaltecas ante instancias del sistema interamericano, constituye un ejercicio legítimo de interlocución democrática y no puede ser convertida en causal de descalificación.
