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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.
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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.
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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.
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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.
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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.
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La ruta CA-2 Occidente, que conecta el departamento de Escuintla con el municipio de Tecún Umán, en San Marcos —también conocida como corredor Puebla-Panamá—, fue evaluada mediante la tecnología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP, por sus siglas en inglés), un sistema basado en una metodología internacional que mide el nivel de seguridad vial en función del riesgo para distintos usuarios y plantea medidas costo-efectivas para prevenir muertes y accidentes en carreteras. Esta vía es considerada un eje estratégico para la movilidad regional, el comercio y el transporte de carga. Alrededor de 450 mil personas viven y transitan en este corredor. “La carretera es una de las que conecta la región y, por ende, tiene un impacto económico, social y en la calidad de vida de los trabajadores”, comentó Salvador Morales, especialista en seguridad vial. El estudio abarcó 200 kilómetros del tramo carretero, incluyendo calzadas principales y segmentos divididos. El objetivo fue identificar condiciones de infraestructura y medidas para reducir la siniestralidad. Según los resultados, este tramo presenta niveles bajos de seguridad vial. Motociclistas, ciclistas y peatones son quienes enfrentan mayores riesgos. Juan Carlos Botrán, director de seguridad del Automóvil Club de Guatemala, explicó que tradicionalmente el análisis de los siniestros se centra en el comportamiento de los usuarios, pero eso ha cambiado. “Durante muchos años, cuando hemos hablado de seguridad vial lo hemos hecho principalmente desde el comportamiento del conductor, del peatón o del motorista. Hoy el mundo entiende que la seguridad vial no es solo un problema individual, sino del sistema vial que diseñamos, construimos y gestionamos como país”, señaló. Botrán agregó que el desarrollo de infraestructura vial ha priorizado históricamente la movilidad y la capacidad de transporte. “Queremos mover más personas y más bienes más lejos y más rápido. Ese objetivo es legítimo y necesario para el desarrollo del país, pero cuando ese enfoque no incorpora la seguridad vial desde el diseño ha tenido consecuencias graves en términos de siniestralidad”, indicó. Edgar Zamora, líder regional de iRAP, explicó que la metodología busca establecer estándares mínimos de seguridad. “Las carreteras deben tener un nivel de seguridad mínimo aceptable para todos los países, y eso se mide con la clasificación por estrellas”, señaló. Además, afirmó que los siniestros viales responden a múltiples factores. “No se puede describir un siniestro como una simple distracción o imprudencia. Es una combinación de elementos que incluye infraestructura, usuarios y condiciones del sistema vial”, indicó.

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